jueves, 18 de febrero de 2016

[@fadspu] Medidas de privatización del sistema sanitario 3: Los recursos estratégicos de los servicios

'Las grandes organizaciones financieras y empresariales y los fondos de inversión internacional, están desarrollando estrategias, con la complicidad de los gobiernos conservadores de orientación neoliberal, destinadas a apoderase los enormes recursos económicos que se destinan a salud (en el Estado Español en torno a 57.000 millones de euros).
 
Para ello han constituido una gran alianza público-privada en la que participan los grandes laboratorios farmacéuticos, la industria de tecnología sanitaria e informáticas, que lleva algunos años aplicando iniciativas destinadas a hacerse con el control del Sistema Sanitario Público, fragmentándolo, externalizándolo y privatizándolo, con la complicidad de políticos, gestores y de profesionales sanitarios que controlan las principales asociaciones y organizaciones profesionales (el denominado Foro de la Profesión es un importante ejemplo). 
 
Esta Plataforma Pro-Privatización pretende controlar la información sobre la salud de la población y sobre el funcionamiento del Sistema Sanitario Público, controlar los instrumentos necesarios para la planificación estratégica de los servicios (compra y distribución del equipamiento médico, políticas de innovación e investigación sanitaria y formación de los profesionales), la administración de hospitales y centros de salud y la gestión clínica de los Servicios asistenciales más relevantes, como la cardiología y el cáncer. Esta estrategia tiene un importante pilar en lograr el control de todos los datos de salud y patrones de consumo sanitario de la población, para ponerlos a disposición del sector privado y de los grandes inversores económicos (BIG DATA)
Entre los principales instrumentos que han desarrollado para aplicar esta política estarían:
  1. Externalizar (privatizar) los servicios de información, de modo que la industria sanitaria podrá disponer de toda la información sobre la salud de la población (Historia Clínica Electrónica, Receta Electrónica, teléfonos de información y de citaciones, etc.) y de la actividad de los centros públicos (sistema de citas, listas de espera, derivaciones a centros privados, conciertos), que permitirá a las empresas privadas la selección de riesgos en función de sus intereses económicos y la promoción de los seguros privados (desechando a los pacientes “no rentables”)
  2. Trasladar a manos privadas las estrategias de planificación de los recursos. Las empresas privadas decidirán el equipamiento a comprar, su ubicación y los precios a pagar por parte del sistema público, las prioridades en la investigación, la implantación de las innovaciones en tecnología sanitaria (biotecnología, y medicina personalizada, que la propia industria admite que no será accesible para todos, por sus enormes costes) y la formación del personal sanitario (para facilitar la difusión de sus productos farmacéuticos y condicionar, en función de sus intereses comerciales, la utilización de los recursos diagnósticos y terapéuticos).
  3. La creación de Unidades de Gestión Clínica destinada a fraccionar los centros en microempresas con autonomía y participación privada, presupuestos propios, capacidad para comprar y vender servicios (mercado interno) y de incentivar a sus profesionales (laboralizados) con los recortes de actividad que realicen en su actividad asistencial.
  4. Cambio en la Estrategia de control y seguimiento de enfermos crónicos para sustituir a los cuidadores de los pacientes por recursos electrónicos instalados en los hogares y vendidos por las multinacionales tecnológicas, que no todos sabrán utilizar ni podrán pagar.
  5. Controlar las Asociaciones de Pacientes con ayudas económicas, organización de eventos o asesorías para que reivindiquen las innovaciones que interesen difundir a laboratorios o la industria, tengan o no evidencia contrastada
La idea que subyace en estas propuestas es financiar con dinero público el negocio del sector privado, convirtiendo la investigación, la innovación y el desarrollo en herramientas decisivas para la privatización. La industria sanitaria pretende “robotizar” el sistema sanitario, prescindir de los profesionales y de los cuidadores y agenciarse el dinero que el Estado y las Comunidades Autónomas destinan a la sanidad pública.

Algunos ejemplos de esta estrategia:
  • Privatización de los Laboratorios Centrales cedidos a multinacionales y fondos de inversión (Madrid o Galicia).
  • Creación de empresas acogidas al modelo empresarial (Sociedades Anónimas) para gestionar servicios de alta tecnología como la Radioterapia, la Medicina Nuclear o la Resonancia Magnética (Cataluña o Galicia)
  • Privatización de los servicios tecnológicos mediante la figura del “socio tecnológico”, por el que las mismas empresas que fabrican los aparatos tecnológicos controlan los equipos que deben adquirir los hospitales, fijan su precio y deciden donde deben ubicarse (numerosas CCAA)
  • Creación de los Institutos Biomédicos de Investigación de los hospitales públicos, acogidos al modelo empresarial, con la participación de las multinacionales farmacéuticas que controlan y dirigen la investigación, y tienen acceso a los datos genéticos y otras informaciones sensibles sobre la salud de la población para sus estrategias empresariales.

Un ejemplo de la aplicación de estas políticas en los servicios de salud: El caso de Galicia
Servicio de ambulancias: adjudicado por 236 millones de euros a la UTE Ambulevante, empresa valenciana relacionada con ex-presidente de Valencia Fabra.
• Historia clínica electrónica (IANUS): cedida a la empresa Indra, lo que dejará en manos privadas todos los datos sanitarios de la población gallega.
• Telecomunicaciones del SERGAS, cedidas la Telefónica (por 28 millones de euros), empresa relacionada con La Caixa, BBVA y Bankia.
• Plataforma Electrónica, cedida a Netaccede, fondo de capital riesgo por ex-altos cargos de la Junta y Caixanova, y gestionada por la auditora Deloitte.
• Teléfono de Cita Previa, también adjudicado a Netaccede.
• Servicio de Suministros y Logística entregado, por 88 millones de euros, a la empresa Severiano Servicio Móvil
• Mantenimiento de los equipos sanitarios adjudicado a la Ibérica de Mantenimiento SANA.
• Gestion de la limpieza y la Energía de los centros sanitarios entregados al Grupo Norte, vinculado a la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, (quebrada en 2008 y responsable del desplome de Novagalicia Banco).
• Servicio de Catering de los hospitales, adjudicado a Mediterránea-Arturo, propiedad del fondo de inversión Portobello (Banco de Santander, BBVA, CAM/Sabadell, Bankia) y de Arturo Fernández (vicepresidente de la CEOE e imputado en el caso Bankia).
• Servicios de Protección Radiológica cedidos a General Electric, la misma empresa que fabrica los equipos que realizan el control de calidad.
• Teleasistencia domiciliaria: existen contactos con R Comunicaciones (empresa inicialmente gallega, vendida al fondo de inversión CVC-Capio).
• También se han cedido al sector privado la contrataciones del SERGAS, transferidos a la Plataforma Electrónica Vortal Connecting Bussines, participada por Microsoft, Telefónica e Indra, que gestionan también a teleasistencia, la receta electrónica y la historia clínica.

Conclusiones
No parece justo ni equitativo introducir copagos, recortar atención sanitaria, dejar sin derecho a la sanidad a los colectivos más necesitados, y reducir y precarizar las condiciones laborales del personal sanitario, para destinar ingentes recursos económicos públicos a las empresas multinacionales, desarrollando un modelo de sanidad basado en el uso intensivo de fármacos y tecnologías sin evidencia suficiente y a un coste desorbitado, en detrimento de la promoción, la prevención y los cuidados de las personas con enfermedades crónicas y discapacidades.
En esta estrategia pierde la población (desmantelamiento del modelo sanitario universal, accesible y equitativo), los enfermos crónicos (sustitución de los cuidadores por máquinas electrónicas), la Atención Primaria, la Atención a la Dependencia y la gran mayoría de los trabajadores sanitarios, que perderán su condición de empleados públicos y se verán sometidos al poder de los “capataces” de las Unidades de Gestión Clínica.
De triunfar estas propuestas la sanidad pública además de quedar en manos de las empresas multinacionales más poderosas sería insostenible económicamente, lo que supondría acabar con el actual modelo de salud universal, equitativo, redistributivo. El resultado final sería una sanidad diferente según la capacidad de pago de los usuarios: Una dotada de recursos avanzados que serían sufragados en gran parte mediante copagos por la población de gran poder económico y otra con escasos recursos para la población con bajos ingresos que empieza a ser mayoritaria como consecuencia de la política de recortes impuesta por los organismos internacionales como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio para hacer frente a la crisis.'

Fuente: Comunicado de prensa de la Federación de Asociaciones Defensa Sanidad Pública recibido en APISCAM el 09/02/2015

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