martes, 9 de abril de 2013

[FADSP] 'La privatizacion sanitaria y la estrategia para defender la sanidad pública'

NOTA DEL EDITOR: Este informe menciona la existencia de un convenio en Aragón entre los Colegio de Farmacéuticos de allí y APISCAM [sic]. Naturalmente, debe tratarse de una simple errata, ya que desde luego que esta Asociación de Profesionales de Informática de Sanidad de la Comunidad de Madrid tiene convenio alguno con los Colegio de Farmacéuticos de Aragón, y , probablemente se refiera a los convenios entre  convenios entre los colegios de Farmaceúticos y el servicio aragonés de SALUD.


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El proceso de privatización sanitaria se ha venido desarrollando de manera lenta pero continuada desde principios de los años 90 , siguiendo las pautas marcadas por el Informe Abril que planteaba una serie de medidas destinadas a crear un mercado sanitario con la competencia entre proveedores públicos y privados: separar la financiación de la provisión de servicios (imprescindible para crear un mercado de compra-venta de los mismos), pagar por la asistencia (copago), potenciar el aseguramiento y trasformar los centros sanitarios en empresas. Aunque estas medidas fueron paralizadas en un principio por la enérgica respuesta de los sindicatos y de la FADSP, los sucesivos gobiernos, centrales y autonómicos, las han ido desarrollando de manera más o menos solapada (en cómodos plazos). 


Ahora el PP está acelerando este proceso, aprovechando el enorme poder que acumuló tras las últimas elecciones en las que consiguió mayoría absoluta en el gobierno central y en gran parte de las Comunidades Autónomas. Con el subterfugio de que la crisis económica y los límites al endeudamiento público establecidos de la UE obligan a reducir gasto público, el Gobierno ha dado un gran impulso al desmantelamiento y privatización de la sanidad, probablemente con la finalidad de alcanzar una masa crítica que haga irreversible el cambio de modelo sanitario.

Podríamos sintetizar esta política en tres grupos de medidas:
1.- Reducción del gasto sanitario público (11,6% del gasto per cápita entre 2010 y 2013), un total de mas de 7.500 millones € en este periodo.
2.- Cambiar los fundamentos del sistema: La promulgación del Real Decreto Ley de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema (RD 16/2012) incluye medidas de diferente naturaleza como el copago para los medicamentos de los pensionistas, traslados no urgentes en ambulancia, prótesis, ortesis, sillas de ruedas o alimentos especiales; la vinculación del derecho a la asistencia a las cotizaciones laborales (potenciando el aseguramiento privado); la exclusión de colectivos de población de la cobertura del SNS; el fraccionamiento de la cartera de servicios financiados y prestados por la sanidad pública estableciendo en una básico de acceso gratuito y otras dos a financiar mediante copagos. Este conjunto de medidas suponen la voladura controlada del derecho universal a la sanidad y del acceso equitativo a la atención.
3.- Aceleración de la privatización y desmantelamiento de los servicios en las CCAA gobernadas por los sectores más neoliberales del PP: Valencia, Madrid, Galicia o Castilla la Mancha. Cabria destacar por su trascendencia estratégica el recurso a la financiación privada de las nuevas infraestructuras sanitarias (Iniciativa de Financiación privada-PFI, Concesiones, etc) que multiplican los costes finales y dejan durante años los centros de salud y hospitales en manos de consorcios privados, multinacionales sanitarias o fondos de inversión de capital riesgo; o privatización de la provisión (que llaman “externalización”) de servicios sanitarios y de apoyo.
Es decir se recorta gasto y se apuesta por una financiación que multiplica su coste real (a pagar con cargo del gasto corriente para el funcionamiento de hospitales y/o centros de atención primaria). Apostar por estas dos medidas contradictorias hará insostenible económicamente al sistema público, y obligará a muchos de los ciudadanos a completar las prestaciones sanitarias no financiadas por un sistema público sin recursos suficientes, con seguros privados complementarios.

Análisis por CCAA
Comunidad Valenciana

Esta CCAA ha sido la pionera en el desarrollo de la privatización. Fue la primera en recurrir a la financiación, gestión y provisión de los servicios sanitarios utilizando la figura jurídica de Obra Pública, para levantar nuevos hospitales (el llamado modelo Alzira). El gobierno valenciano presidido por Camps cedió este hospital a un consorcio integrado por la aseguradora ADESLAS y Ribera Salud (Bancaja y CAM), que acompañó de todo tipo de apoyos como el rescate y devolución de la concesión en mejores condiciones a las mismas empresas cuando el negocio hizo crisis. Posteriormente este modelo (incluyendo en algunos casos la Atención primaria y la sociosanitaria) se ha extendido a los hospitales de Torrevieja, Denia y Manises y se aplicará a los nuevos hospitales de Elx-Crevillent y Torrent. A esto habría que añadir la privatización de los servicios de radiología avanzada (que ha multiplicado la realización de pruebas) y la “externalizacion” de otros servicios. Los sobre-costes de la financiación privada han llevado esta CCAA a la bancarrota, según ha denunciado la Sindicatura de Cuentas. Recientemente las autoridades valencianas han anunciado su intención de concentrar todos los servicios “externalizados” como los servicios generales (limpieza, lavandería, restauración, mantenimiento), los servicios concertados (oxigenoterapia, hemodiálisis) y la logística (almacenes, distribución, compra), para posteriormente adjudicarlos a empresas privadas. La idea es que la Generalitat se concentre en la gestión sanitaria, dejando lo demás (el negocio económico) en manos de operadores privados.

Comunidad de Madrid
El gobierno autonómico esta embarcado en una vorágine privatizadora que incluyó en un primer momento la financiación y gestión privada de siete hospitales; la concesión a otros tres de la atención y la gestión; la privatización de los laboratorios y su adjudicación a una empresa privada; la externalizacion de los servicios de radiología (Anillo Radiológico); la adjudicación a un hospital privado (Fundación Jiménez Díaz) la atención especializada de 400.000 habitantes mediante un concierto singular muy favorable a los intereses de la misma; la cesión de dos centros de especialidades a una multinacional; la privatización de la construcción y gestión de 27 centros de salud; el cierre de dos hospitales públicos y la trasformación de un gran hospital tercero en un geriátrico (que se deberá hacer cargo de la atención de pacientes crónicos con pluripatologías muy costosas de atender, liberando de este gasto a los centros privados financiados con dinero público). Paralelamente se están de debilitando los centros públicos, rebajando su presupuestos (un 16% de promedio en hospitales y un 7,03% en AP) y reduciendo sus plantillas mediante un ERE oculto al adelantar la jubilación obligatoria de los medicos a los 65 años sin reposición de las vacantes creadas (se han perdido así más de 1.000 plazas médicos). Por último señalar que previamente se habían desmantelado las 11 áreas sanitarias (necesarias para planificar y gestionar los recursos de manera integrada y en función de las necesidades especificas de cada zona) con la finalidad de crear un gran espacio el libre mercado y a la competencia entre centros públicos y privados.'


Aragón

' Se han incrementado los conciertos privados: Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria, de los 8 sectores, en 5 hay Convenios privados para esta Atención; en Salud mental predominan los Conciertos privados para media y larga estancia, Centros de Día, pisos, talleres, centros ocupacionales de inserción (solo hay 200 plazas en Aragón, en su mayoría privadas). En drogodependencias solo hay un Centro de gestión directa y el resto son concertados; el gasto para la implantación de la receta electrónica ha supuesto un convenio privado con Colegio de Farmacéuticos y APISCAM [debe tratarse de una errata y referise probablemente a SALUD, el servicio público de Aragón] .y una adjudicación a la empresa INDRA Sistems; el Consorcio Aragonés de Alta Resolución (CASAR) con una cobertura de unas 150.000 personas.'


Fuente y noticia completa: Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 04/04/2013

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