[El País] Cataluña. 'La Generalitat maneja un informe que prevé privatizar 18 hospitales'

[10/02] 'La Generalitat de Cataluña tiene en sus despachos un plan privatizador de la sanidad pública que, de llevarse a cabo, dejará en manos de empresas con afán de lucro al menos 13 grandes instituciones sanitarias públicas. Estas entidades, principalmente consorcios, tienen asignada una población de más de dos millones de habitantes y, en su conjunto, gestionan 18 hospitales, 46 centros de atención primaria y casi un centenar de otros dispositivos asistenciales. EL PAÍS ha tenido acceso al borrador del plan —titulado Aproximación a un nuevo planteamiento estratégico para las empresas públicas y consorcios de salud de la Generalitat—, fechado en junio de 2011, y que también prevé la venta de entidades públicas. El documento ha sido redactado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) e incluye una lista de empresas susceptibles de participar en la privatización —Capio Sanidad, Grupo Ribera Salud, USP, HM Hospitales...—. Los autores también dejan caer un consejo: “Nuestra recomendación es una entrada de capital privado en dos fases para diluir el impacto político y social” del plan.


Las entidades cuya gestión es susceptible de ser privatizada, según el documento, son los consorcios de Terrassa, Sabadell, Maresme (Mataró), Vic, L'Anoia (Igualada), L'Alt Penedès, Integral (en el Baix Llobregat), además de los hospitales barceloneses Clínic, Sant Pau, Mar y Pere Virgili, entre otros.
Preguntado sobre el documento, el Departamento de Salud de la Generalitat asegura que se trata solo de un “planteamiento teórico” y rechaza que vaya a “privatizar ninguna empresa pública o consorcio”. Salud, sin embargo, no ofrece una respuesta clara sobre las razones por las que encargó el documento y asegura, en contra de lo que dice el propio texto, que este surgió de “una propuesta de PWC”. La Generalitat se ha negado a informar del coste del plan para las arcas públicas.

Esta es la segunda filtración en 14 meses de documentos que señalan hacia la privatización del sistema sanitario catalán, cuyo consejero, Boi Ruiz, procede de la patronal Unió Catalana d’Hospitals. En octubre de 2011, este diario avanzó otro plan —La gobernanza del ICS— que preveía trocear el Instituto Catalán de la Salud —que agrupa los ocho grandes hospitales y cerca de 300 centros de atención primaria que gestiona la Generalitat— en 20 sociedades que iban a ser abiertas al capital privado. Salud negó entonces que pensara aplicarlo en ese sentido. La división del ICS ya ha empezado, aunque las nuevas sociedades hijas siguen siendo, hasta la fecha, enteramente públicas.'

'La venta de organismos públicos debe hacerse, según PWC, en dos fases. “El primer paso consiste en transformar las entidades de derecho público en sociedades mercantiles” propiedad del CatSalut. Luego, “el CatSalut podrá (...) enajenar los títulos de la sociedad o incluso perder su posición mayoritaria para dar entrada a terceros”. Para ello, PWC contempla dos posibilidades: la subasta pública o la enajenación directa, aunque señala que “la subasta pública es el procedimiento general”.

Para los hospitales, PWC propone la separación entre patrimonio y gestión, y la privatización de esta última. “Se pretende que el patrimonio siga en manos públicas y que la gestión de los servicios sanitarios se encomiende a un tercer gestor que asuma los riesgos \[y los beneficios\] de su explotación”. Tras analizar varias opciones, PWC se inclina por elegir la concesión administrativa y el concierto como fórmulas deseables ya que permiten “que las pérdidas que en su caso puedan derivarse no puedan computarse como deuda de la Generalitat”.
El documento llega incluso a plantear la duración de los contratos, que sería de “10 años salvo que dicho contrato comprenda también la ejecución de obras, en cuyo caso podría ser de hasta 50 años”.

La adjudicación de servicios públicos esenciales a operadores privados tiene, sin embargo, un riesgo que PWC no oculta: “Un concesionario deficitario puede poner en riesgo la salud de las personas, [por lo que] es lógico pensar que en ese supuesto la Generalitat intervendría rápidamente el servicio”. Esta última posibilidad —conocida como la “privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas”— es la que ha motivado que este tipo de concesiones hayan sido a menudo objeto de duras críticas.'

Fuente y noticia completa: El País 10/02/2013