sábado, 6 de octubre de 2012

'Los sin papeles tendrán que pagar entre 710 y 1.800 euros por la atención sanitaria. La póliza de Mato no cubrirá los medicamentos de los sin papeles'

[El País 03/10 'Un mes después de que los inmigrantes irregulares fueran excluidos de la sanidad pública, se pone en marcha una póliza que deberán pagar a partir de ahora si quieren volver a estar cubiertos, que costará 710 o más de 1.800 euros según la edad. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presidido por la ministra de Sanidad, Ana Mato, y formado por los consejeros autonómicos del ramo, ha ratificado en su reunión de esta mañana el proyecto que establece los requisitos básicos del Convenio Especial de Prestación de Asistencia Sanitaria a suscribir por personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias de la sanidad pública española.


La póliza que aprobó ayer el Consejo es la vía ideada por el Ministerio de Sanidad para permitir que los inmigrantes en situación irregular, a los que se ha retirado la tarjeta sanitaria desde el 1 de septiembre, puedan acceder de nuevo a la red pública sin que se les facture la atención previo pago de 710,40 euros anuales en el caso de menores de 65 años, a razón de 59,20 euros mensuales, y de 1.864,80 euros anuales para mayores de 65 (155,40 al mes). Según ha podido saber este periódico, la pretensión del ministerio es que la cobertura de esta póliza se limite a la cartera básica de servicios, lo que deja fuera el transporte sanitario o las prótesis externas (sillas de ruedas, corsés). Pero también cualquier tipo de ayuda en la compra de medicamentos: quienes se acojan a esta opción deberán pagar el 100% de su coste.

Esta solución restrictiva formulada por el Ministerio de Sanidad llega mientras la mayor parte de las autonomías gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Castilla y León) están facturando o se disponen a facturar cada acto sanitario que presten a los inmigrantes en situación irregular. La póliza sería la única forma de evitar recibir una reclamación de cobro por cada acto sanitario en la red pública.'

Fuente y noticia completa: El País 03/10/2012

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